EDITORIAL
El
comercio informal en Coatepec está fuera de control y la autoridad municipal
rebasada, aunque no necesariamente indiferente. Los esfuerzos que se realizan
para ofrecer a los ambulantes alternativas para el ejercicio de su actividad,
se ven anulados por la intransigencia de ciertos grupúsculos y de quienes se
dicen sus representantes. Se han instrumentado operativos que de momento
parecen exitosos, pero luego los espacios públicos vuelven a ocuparse por
vendedores que asumen una actitud belicosa y retadora.
Se
argumenta que la proliferación de comerciantes en la vía pública encuentra
causa en el desempleo y que la gente de alguna manera busca obtener el sustento
diario, lo cierto es que muchos de los ambulantes obedece a un solo patrón que
los instala en la calle, les proporciona la mercancía y que naturalmente no da
la cara, pero utiliza a la gente como escudo. Los problemas que este fenómeno
provoca son varios y diversos: afectan la vialidad, la imagen urbana y
establecen una competencia desleal frete al comerciante formal; ante esta
situación el ayuntamiento se encuentra sujeto a presiones, tanto del
comerciante en la calle, como del establecido y principalmente de la ciudadanía
que cuestiona la falta de ejercicio de la autoridad.
Este
problema requiere atención oportuna y eficaz para evitar que sucedan hechos que
luego se tengan que lamentar. Los comerciantes establecidos, principalmente los
locatarios del mercado municipal “Miguel Rebolledo”, se encuentran sumamente
irritados por la merma en sus ventas, mientras que los ambulantes asumen
actitudes de hostilidad e intransigencia, lo que deja latente el riesgo de un
enfrentamiento cuyas consecuencias pueden ser graves, las amenazas están a la
orden del día y ya se presentan conatos de violencia.
La
ciudadanía percibe incapacidad de la instancia municipal para controlar al
menos este problema. Lo cierto es que se requiere del apoyo del Gobierno del Estado
que hasta ahora no se ha dejado sentir. Ojalá se dé antes de que sucedan
eventos de otra índole, se debe prevenir antes que lamentar.
En
realidad se está frente a un problema de legalidad, de aplicación puntual de la
ley, la cual debe darse sin distingos; es inadmisible que se ceda ante el
chantaje y la presión, favoreciendo a grupos de reciente presencia y que
provienen incluso de otros estados, por sobre quienes acreditan un derecho
mayor. Vale insistir, se requieren actos de autoridad revestidos de legalidad,
actos que alcancen a todos los que se encuentren en la misma hipótesis, para no
olvidar que es precisamente la aplicación discrecional de la ley, lo que tanto
lastima los sentimientos de dignidad de las personas.
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