lunes, 14 de agosto de 2017

¡AHORA es el CAMBIO!
Por: Juan Carlos Atzin Calderón

"Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena"
-       Mahatma Gandhi
     La participación Ciudadana es un tema de suma importancia para el fortalecimiento de los lazos entre la sociedad civil y las instancia gubernamentales. Para hablar de ella resulta importante recurrir a la historia; los antecedentes en  nuestro país de consultas a las ciudadanas y ciudadanos sobre decisiones de gobierno se remontan al plebiscito realizado en Marzo de 1824, el cual dio como resultado la incorporación del Estado de Chiapas a la Federación, así como la Convocatoria del 14 de agosto de 1867, en la cual el Licenciado Benito Juárez propuso que el Poder Legislativo se depositara en la Cámara de Diputados y Senadores, que el Ejecutivo contara con la facultad de veto suspensivo a las resoluciones del Poder Legislativo, además de establecer mecanismos de sustitución  provisional del Presidente de la República, siendo rechazada esta última por el Pueblo de México.

        Otro avance en la materia es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual en su artículo 5° dio pie al establecimiento del concepto de derechos políticos, el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados, además en su artículo 39 enmarcó que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; así como que todo poder público dimana del mismo, instituyéndose para beneficio de éste. Aún con lo anterior, en el artículo 41 se reguló que dicha soberanía sólo podría ejercerse por los Poderes de la Unión, limitando el poder de la ciudadanía. La Constitución de 1917 contempló en su artículo 6º que el derecho a la información sería garantizado por el Estado mexicano, siendo un avance importante respecto de la Constitución Política de 1857, en la cual solamente se contemplaba la libertad de expresión.
         La Ley para Elecciones de Poderes Federales, celebrada el 2 de Julio de 1918, introdujo al texto la “no reelección, sufragio efectivo, elección directa y libertad de participación política con la universalidad del sufragio”; aunque sólo se consideró ciudadanos a los hombres mayores de 21 años en el caso de que fueran solteros, y de 18 años si eran casados, reflejando que no se respetó de forma cabal el concepto de universalidad. En 1953, el 17 de octubre, mediante decreto del Congreso, las mujeres mayores de edad obtuvieron el carácter de ciudadanas, además el derecho a votar, incrementando el espacio para llevar a cabo una participación mayormente plural; al igual que la de 1918, esta reforma tuvo limitaciones, ya que las mujeres sólo podían ejercer el voto en los municipios. En 1954 se reformó esta ley introduciendo el derecho de la mujer a votar y ser votada en los tres niveles de gobierno.
        A partir de los años setentas, se han desarrollado, reproducido y constituido organizaciones para la defensa de diversos intereses, con un enfoque más cercano a las luchas de los diversos sectores en el país. Ejemplo de ello es el surgimiento de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales a lo largo de los años se han involucrado en los asuntos públicos.
En el año de 1969, se llevaron a cabo enmiendas a la Constitución en busca de mayor participación de las ciudadanas y de los ciudadanos en la vida pública, esto al artículo 34, donde se redujo la edad mínima para poder emitir el voto y obtener la ciudadanía; pasando de los 21 años a los 18 años. Además en 1972 se dio otra reforma en los artículos 55 y 58 constitucionales para disminuir los requisitos de edad mínima para ser votado; la conclusión de ello fue que para ser diputado se pasó de 25 a 21 años. En el caso de los senadores de 35 a 30 años, dándose una nueva reforma en 1999 al artículo 58 constitucional, disminuyendo la edad para poder ocupar el puesto de senador, pasando de los 30  a los 25 años, lo cual continua hasta hoy día.
         En el año de 1973 se reconoció el voto como universal, directo y secreto para todos los cargos de elección popular, estableciendo además que el voto es un derecho y a la vez una obligación para las ciudadanas y los ciudadanos. Años más tarde, en 1977, se reconoció el derecho a la información de toda persona a través de la reforma constitucional al artículo 6º, estableciendo que este debía ser garantizado por el Estado mexicano.
Son diversos los casos que podemos enumerar en cuanto a los avances en busca de una Sociedad mayormente participativa; algunas Organizaciones de la Sociedad Civil se han dado a la tarea de poner en práctica todas y cada una de las herramientas para que el poder ciudadano se haga valer, sin embargo la tarea no es fácil y requiere de gran compromiso. Además ante la crisis de los Partidos Políticos y de otras formas de organización, esto se complica aún más.

Aunque el panorama parece no ser muy alentador, los jóvenes vemos luz de esperanza en lograr que el silencio de la gente buena no sea una opción y que se haga realidad el anhelado sueño de una verdadera Participación Ciudadana en México y en Veracruz. Estoy seguro que esto podrá ser posible mediante la UNIDAD, lo cual dependerá de la participación activa, decidida y organizada de TODAS y TODOS, ¡AHORA es el CAMBIO!

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