Editorial

Muy preocupante la situación de inseguridad que se está viviendo en el estado y en la región, donde la última semana hemos presenciado hechos de violencia sin precedente. Sin caer en sensacionalismo, pues la nota roja no es el giro de Semanario ESPRESO, pero no podemos ser omisos ante tal barbarie que mantiene a la sociedad en la intranquilidad y con miedo.

Los porcentajes de inseguridad están en sus máximos históricos, la delincuencia ha arrojado un sin fin de muertos, desaparecidos y un gran número de enfrentamientos entre grupos delictivos que buscan hacerse de las plazas y controlar la venta de droga, secuestros y demás actividades ilícitas de las que se sostienen sin que autoridad alguna pueda detenerlos o frenar su operación.

Las autoridades federales, estatales y municipales no han logrado el cumplimiento de ese deber y  los propósitos, programas, reformas legales y estrategias adoptados, no sólo no han contribuido a que la población se sienta más segura sino que la sensación de lo contrario, ha crecido en forma paralela a los indicadores la violencia, la criminalidad y la impunidad. La pérdida de confianza en las instituciones de prevención, de procuración e impartición de justicia es tan baja que muchos de los delitos no son denunciados por sus víctimas, ya que consideran que poner el caso en conocimiento de las autoridades es una pérdida de tiempo. 

En tales circunstancias, es impostergable poner como máxima y urgente prioridad nacional, la formulación de una nueva estrategia para enfrentar a la delincuencia, la inseguridad y la violencia; pues lograr la pacificación del país no puede ser basada solamente en la acción militar o policiaca, debe ir de la mano de otras acciones que logren regenerar el tejido social. La propuesta de fortalecer a la familia mexicana resulta prudente y necesaria, pues también la familia ha sufrido golpes debido a la falta de valores y de oportunidades en el país; es necesaria una estrategia en la que se incluyan y se contemple la mejora en la educación pública; la generación de empleos bien pagados y la protección del trabajador a través de la legislación; la protección de la juventud y la generación de oportunidades para los mismos, tanto educativas como laborales y arrancárselos de las manos al crimen organizado; la erradicación por completo de la corrupción en los tres niveles de gobierno y en todas las instituciones; fortalecer nuestro sistema de justicia brindando capacitación a los elementos involucrados y encargados de la misma.

La inseguridad en el país es resultado de diversas acciones, la corrupción es una de las principales, la simulación de estrategias para combatirla no puede seguir siendo la bandera del gobierno, cumplirle al pueblo la promesa de regresarles una vida tranquila, es la principal obligación.

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