El león no es como lo pintan.-
En la ciudad de los dioses paganos también anidan problemas de dudosa legalidad, honradez e imparcialidad. El responsable de la secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Lima Franco sostuvo hace un par de semanas un “forcejeo” verbal con el subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez sobre la invitación a empresas privadas proveedoras de servicios al gobierno de Veracruz.
Hablaron en tono nada agradable de las conveniencias e inconveniencias de los procesos de licitación simplificada y de simplificación pública. Requieren empresas solventes, con suficiente capacidad técnica, dúctiles, moldeables, dóciles, manejables, que bailen al son que les toquen. En uno de esos momentos, en el que, el que nunca ha tenido y llega a tener loco se puede volver, el poderoso subsecretario de Finanzas y Administración, gritó al titular de la Sefiplan “¡…no olvides que estás hablando con el primo hermano del gobernador de Veracruz!”. Y el funcionario agredido en forma verbal, respondió molesto: “¡Y tú, grábate bien esto, yo solo acato órdenes del gobernador por instrucciones directas del presidente de la república…!”.
El cuestionado y cuestionable subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, presiona al jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Ulises Rodríguez Landa para que exija al gobierno federal los fondos del programa denominado Projusticia, los cuales ascienden a más de mil 200 millones de pesos. Lo que ignora o finja desconocer el primo hermano del gobernador, es que los recursos del Fortalecimiento y Asistencia para la Seguridad (Fortaseg), incluyen jugosas aportaciones de gobiernos extranjeros, entre los que destacan los Estados Unidos.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no soltará ni un cuarto de centavo al estatal de Veracruz por la sencilla razón de que el Secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado e integrantes del área correspondiente, carecen de la certificación federal por la cual le hicieron la vida imposible al Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortíz.
No se vería mal que la nueva titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns, exigiera la acreditación de confiabilidad a todos aquellos servidores públicos que la requieran, entre los que se encuentra el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, en lugar de amenazar con destituir a los fiscales regionales.
Y para cerrar con broche de oro, la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Deifilia Ladrón de Guevara González, designó en la Dirección General de Obras de la citada institución educativa a su amiga del alma Yolanda Baizabal Silva, la cual en el último tramo de la Administración de Miguel Ángel Yunes Linares, asumió la titularidad de la secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Siop). El nombramiento sería lo de menos, si no fuese porque el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), le finca observación en la Cuenta Pública del 2018, por la suma de 49 millones de pesos.
La antropóloga teme que si el gobernador es enterado del procedimiento sin su consulta, releve la promesa de cubrir la deuda de más de dos mil millones de pesos, contraída con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR), ejercida en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Así las cosas en el mundillo de la política veracruzana.
carlos.lucioacosta@rocketmail.com
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