Luego de la presión ejercida por propietarios de los predios y grupos ambientalistas, además de la clara posición del Ayuntamiento, todos coincidiendo en la defensa de la Sierra Alta, en contra de la invasión y el daño ecológico por la deforestación; la SEMARNAT ha determinado que no autoriza el cambio de uso de suelo. El proceso de desalojar a los presuntos invasores es de orden judicial y lleva tiempo.
El proceso de deslinde que realizaba la SEDATU, obedecía a una solicitud por parte de la CIOAC desde hace dos años, quienes con documentos apócrifos pretenden apropiarse de 2 mil hectáreas, las cuales, argumentan, son terrenos nacionales. Sin embargo, por toda la información que se ha presentado en diversas instancias, el Delegado de Programas de Bienestar en Veracruz, informó que la SEDATU suspendió el deslinde de los terrenos hasta resolver el conflicto sobre la propiedad que es privada, de la cual, los propietarios han presentado documentación.
Además, existen denuncias penales por parte de los propietarios y del Ayuntamiento, sobre la falsificación de documentos y por la invasión de terrenos. Esto está en manos de la Fiscalía General del Estado a fin de evitar conflicto entre quienes se dicen dueños legítimos de los terrenos y presuntos invasores.
El responsable de la Coordinación del Sector Ambiental del Gobierno federal en Veracruz, Lic. Juan Carlos Atzin Calderón, informó a Semanario ESPRESSO, que la SEMARNAT ya decidió que no dará cambio de uso de suelo. Esta decisión fue tomada en base a una Manifestación de Impacto Ambiental MIA que determina la importancia de los bosques de esa zona, captadora y generadora de agua, por lo cual no debe haber deforestación, devastación, menos construcciones.
Señaló que es importante que la ciudadanía, es decir los grupos ambientalistas, presenten demandas formales sobre el daño ecológico, ante la PROFEPA, ya sea en el portal o directamente a las oficinas, a fin de proceder en contra de los presuntos invasores.
Finalmente dijo que ya se les informó a los líderes de la CIOAC sobre la negativa del cambio de uso de suelo y que su permanencia es improcedente. Sin embargo, ellos argumentan que cuentan apoyo de altos funcionarios y que seguirán en la lucha. Lo que procede es que PRFEPA y la FGE determinen la improcedencia de la asignación de esas tierras y los conminen a retirarse, de otra manera en base a una orden judicial, se procederá a su desalojo.
El tema queda en la cancha del Gobierno del Estado, donde ya se ha planteado en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, a fin de dar seguimiento puntual y evitar conflictos. También se ha puntualizado que no existe apoyo desde el estado para solapar grupos de choque.
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