EDITORIAL

Los últimos acontecimientos de violencia que han cimbrado al país, de los cuales han dado cuenta los medios nacionales, llámese Culiacán, o los crímenes de niños en la frontera Sonora–Chihuahua, generan mucha preocupación en toda la sociedad mexicana. Desde este bello rincón de la patria, Coatepec, no se puede ser ajeno a esta situación que pone en riesgo la estabilidad nacional.

Esta percepción generalizada, es producto de la crisis de violencia que afecta a la sociedad, debido principalmente a los altos niveles de asesinatos cometidos en el país, donde cada vez se percibe más la saña y la inexplicable crueldad con la que actúan los sicarios, que ya no respetan ni a mujeres ni a niños. Son muchos los eventos y matanzas en donde las víctimas son inocentes. En Veracruz se tienen los casos de Minatitlán y Coatzacoalcos, lo que ha generado la polémica y el debate, sobre si la estrategia del Gobierno federal para contener la violencia, está funcionando o definitivamente no funciona.

En este primer año de gobierno, el presidente López Obrador en lugar de buscar unidad nacional, se ha dedicado a confrontar a clases populares y a sus seguidores contra empresarios, ricos, fifís, conservadores, los opositores, las instituciones del gobierno, la sociedad civil, los periodistas, los funcionarios del gobierno anterior y, en general, contra todo aquel que no está de acuerdo con él. Su discurso religioso y cristiano es totalmente contradictorio, ya que, por un lado, llama a perdonar a los delincuentes y no combatirlos con fuego y, por el otro, crucifica y abre fuego verbal contra los que no están de acuerdo con él.

López Obrador, ganó, en gran parte porque prometió reducir la alarmante tasa de homicidios de la nación y detener la violencia relacionada con las drogas empleando una respuesta diferente y más efectiva. Eliminaría la corrupción, legalizaría la marihuana y algunas otras drogas, debilitando la economía clandestina que sostiene a los cárteles; crearía una guardia nacional, ofrecería pagos de asistencia social para alejar a los jóvenes de los delincuentes y se abstendría de respuestas violentas contra el crimen. Sin embargo, casi un año después, la seguridad se ha deteriorado más. Los cárteles financiados por la droga no son la única amenaza. Decenas de grupos criminales se benefician de la trata de personas, la extorsión, el secuestro y la protección comercial.

El gobierno federal enfrenta un reto monumental para pacificar el país. Y no podrá hacerlo sin la colaboración estrecha de los gobiernos estatales, municipales y la sociedad civil. Es prioritario que se diseñen estrategias locales para reducir los homicidios a partir de diagnósticos puntuales que permitan entender las dinámicas y los patrones de este tipo de violencia. De lo contrario, seguiremos rompiendo récords de personas asesinadas en el país.

Mientras tanto, es posible que a López Obrador se le esté acabando el tiempo para demostrar a la población mexicana, cada vez más atribulada, que su propia receta para hacer frente a la violencia, pueda funcionar.