La violencia contra mujeres y niñas, desgraciadamente, sigue siendo un fenómeno global que no conoce fronteras sociales, económicas o nacionales, que afecta a mujeres de todas las edades y que muestra lo lejos que estamos aún, pese a los grandes esfuerzos que se han realizado, de vivir en sociedades igualitarias, abiertas, tolerantes, respetuosas de los derechos de todos, y en las que la mujer, por ser mujer, no suponga una condición de vulnerabilidad y desventaja ante la vida.
Indigna enterarse de que, después y a pesar de años de grandes luchas de incontables mujeres y hombres en pos del reconocimiento pleno de los derechos, la impunidad reina en la mayoría de los casos de feminicidio cometidos en México.
Si bien en la Ciudad de México, el brutal asesinato de la joven Ingrid Escamilla ha generado gran indignación en todos los sectores, la difusión de las fotos de dicho feminicidio ha generado gran debate sobre la manera en que los medios de comunicación abordaron este caso. Eso resta importancia al hecho en sí.
Pero también en Coatepec tenemos el caso de Luz María, encontrada muerta el viernes 7 de enero, a un costado del camino a Rancho Viejo, municipio de Tlalnelhuayocan, quien había sido secuestrada. De acuerdo con las autoridades, la víctima era de Coatepec y trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Xalapa. Hija de un conocido empleado jubilado de correos. El miércoles 12, se dio a conocer que en un operativo de la Policía Ministerial, fue detenido un taxista de Coatepec como presunto feminicida y quien fuera chofer de confianza de la víctima.
Ambos casos, y muchos más, sacuden la conciencia ciudadana y encienden los focos rojos. ¿Qué está pasando en la sociedad? Es la violencia estructural que promueve, permite, genera la violencia contra las mujeres en todas sus formas y que se abreva diariamente a través de las canciones, las telenovelas y los roles aprendidos en los mensajes tóxicos que enseñan que un cuerpo de mujer puede ser objeto de uso y desuso. La indolencia parece ser también una característica de nuestras autoridades de procuración y administración de justicia, especialmente si se trata de delitos de género, como el feminicidio. Hay una responsabilidad del Estado que no brinda seguridad, prevención y atención a las mujeres.
La problemática social del feminicidio nunca es vista como una violación a los derechos humanos de las mujeres, sino que, en muchos casos, la presentan como hechos criminales aislados, con lo que reproducen estereotipos en los que se justifica al agresor y las víctimas son tratadas como objetos.
Frente a éste terrible panorama, se hace necesaria la mano dura, mayores penas y castigos severos a los victimarios como solución inmediata. Esto sería el inicio para intentar saciar el enojo social. Se requieren medidas integrales y multidisciplinarias que atiendan los múltiples factores de riesgo que están presentes en una sociedad violenta y misógina. Que no queden en la impunidad, como muchos otros.
Descansen en paz, Ingrid y Luz María, además de todas las mujeres muertas por violencia; aquí se queda una sociedad indignada exigiendo justicia.
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