Separación o Invasión de Poderes
El Artículo 41 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicta que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión…”; para lo cual, en su Título Tercero, Capítulo I De la División de Poderes, el Artículo 49 dicta que “El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial”. Bajo este marco jurídico, se muestra que nuestra nación goza de una plena separación de Poderes, al menos en papel.
En las elecciones de 2018, MORENA y los aliados de la llamada Cuarta Transformación (4T), arrasaron con los resultados, obteniendo por primera vez en su historia, no solo la titularidad del Poder Ejecutivo, sino la mayoría en el Congreso de la Unión (logrando una mayoría relativa en ambas Cámaras). Bajo este escenario, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, logró el control absoluto en dos de los tres Poderes (el Ejecutivo y el Legislativo), dejando de lado al Poder Judicial, el cual cuenta con un marco jurídico y legal que lo dota de independencia y autonomía tal como lo establece nuestra Carta Magna.
A través de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el Presidente logró aplicar sus efectos, además de todos los entes públicos del Poder Ejecutivo, a los Diputados Federales y Senadores de la República; sin efectos en los Magistrados del Poder Judicial, quienes declararon la no constitucionalidad de la medida, ya que invadía las esferas de competencia a un Poder del Estado que cuenta con autonomía plena, llegando a que los propios Magistrados alcanzaron amparos, con lo cual sus percepciones quedaban intactas, en tanto no hubiera una reforma al interior del Poder Judicial, promovida por sus propios integrantes y no por otro Poder del Estado, en este caso el Ejecutivo. El Poder Judicial, no dejó que se invadirán sus atribuciones.
En Veracruz, esta práctica no está alejada de la realidad federal, ya que, en la misma elección, la 4T logró por primera vez tener la titularidad del Poder Ejecutivo, así como la mayoría en el Congreso. Sin embargo, siguiendo la práctica y el ejemplo federal, el Ejecutivo inició una serie de medidas que demostraban su exceso y la invasión de atribuciones, no solo en organismos autónomos como la Fiscalía General del Estado, el Sistema Estatal Anticorrupción, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información o más recientemente, el Colegio de Veracruz (una institución que logró, gracias a su autonomía, posicionarse en el escenario educativo nacional); sino que además, se mostró la injerencia disfrazada de respaldo de parte del Poder Legislativo, donde los Diputados Locales se convirtieron en el brazo ejecutor del Ejecutivo, mostrándose como sus empleados, obedeciendo más que legislando. Algunos de ellos por desconocimiento de sus atribuciones y otros por su capacidad para discernir la separación e independencia de Poderes.
Retomo la necesidad de capacitar y profesionalizar el servicio público en los tres Poderes de la Unión, en este caso, hablando del Poder Legislativo del Estado, resulta prioritario que los ciudadanos estemos consientes de elegir adecuadamente a quienes nos representen, ya que deben asumir su compromiso de capacitarse y profesionalizarse en la labor para la cual se postulan, de esta forma evitaremos encontrarnos con improvisados y carentes de conocimiento y de sentido común, para tratar de contrarrestar la realidad de los veracruzanos desde su curul.
Por cuanto hace al Poder Judicial, hace una semana, inició la controversia de la invasión de competencias por el Ejecutivo, al enviar una serie de reformas al Congreso, que lejos de abonar a un trabajo independiente y autónomo, el objetivo es restar autoridad al Presidente del Poder Judicial, evidenciando con ello la existencia de un conflicto entre Poderes, lo cual, no debería estar en controversia, al tratarse de Poderes totalmente independientes.
Es claro que este tema tiene mucha tela de donde cortar, donde los especialistas juristas y constitucionalistas, podrán debatir acertadamente mediante el diálogo, para constituir el marco normativo y constitucional que más nos acerca al nivel de democracia y de independencia que merecemos, con plena separación y no invasión de Poderes; no debemos seguir permitiéndolo.
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