Una permanente y entendible exigencia de la ciudadanía hacia sus gobernantes, es la de recibir atención y servicios públicos que resuelvan la problemática que enfrenta su cuidad; también demanda, trámites expeditos y atención personal eficiente. Por su parte los gobiernos tienen la obligación de brindar el mejor servicio posible.
Bajo esa tónica, uno de las principales exigencias es mejorar el desempeño y la gestión pública, es decir, incrementar la eficiencia y la eficacia del servicio público que se brinda a la ciudadanía. Alcanzar esa meta se traduce en mayor confianza de la sociedad hacia la administración pública.
Sin embargo no existe un órgano que califique de manera objetiva, la calidad del servicio gubernamental. No existe un organismo ético y reconocido que midiera la eficacia y eficiencia de la actividad municipal, de manera confiable y sin sesgos.
Es cierto que las autoridades emanadas de un proceso de elección popular no pueden ser removidas, por eso son autoridades. Su función está reglamentada en la Ley Orgánica y se limita a asistir a las sesiones de cabildo y atender las comisiones de las que forman parte. Pero la parte técnica y operativa recae en los funcionarios, es decir en la estructura que depende del Ejecutivo.
Es cierto que los ciudadanos votaron por un candidato, pero finalmente el equipo del que se rodea, son quienes de alguna manera tienen el contacto directo con la ciudadanía en las áreas de las que son responsables. Es importante que podamos identificarlos, conocer su preparación y experiencia como servidores públicos.
Algunos municipios cuentan con un Reglamento de Mejora Regulatoria que destaca la creación de un Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, en el que participan cámaras empresariales, institutos y colegios de profesionales que brindan un espacio de interlocución entre la ciudadanía y gobierno municipal, basado en las necesidades de los ciudadanos y emiten una evaluación cualitativa.
La transparencia, el gobierno abierto y los procesos de participación ciudadana acompañados por las nuevas tecnologías de información y comunicación, pueden y deben exigir nuevos cánones de conducta para los gobiernos.
Las propuestas que llevaron al triunfo a las autoridades y que convencieron al electorado, son las acciones que se espera ver concretadas.
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