El presidente electo Andrés Manuel López Obrador, trazó la ruta de su imagen pública con la frialdad de la precisión matemática: “…van a desaparecer las áreas de comunicación que existen actualmente en todas las dependencias del gobierno federal”, dijo el fundador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“No va a haber una oficina de prensa en Gobernación, ni en Relaciones Exteriores, ni en Agricultura, ni en Pemex, todo va a tener que ver con la Coordinación de la Presidencia, se va a concentrar toda la comunicación del gobierno en una sola entidad”, manifestó el hombre que conducirá el destino de más de 125 millones de habitantes de les Estados Unidos Mexicanos (EUM).
López Obrador puso sobre la mesa las cartas que definen la relación del gobierno federal con los medios de comunicación, el pasado 21 de agosto del 2018. Sin embargo, 23 días antes la comunicóloga Florence Toussaint en su análisis “Repensar la publicidad oficial”, subraya que el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó en el manejo de su imagen la suma de 89 mil 396 millones de pesos del 2012 al 2018.
El mandatario que anunciara no usar el servicio de seguridad oficial porque tanto los ciudadanos como los propios medios se encargarían de su protección, no sólo sabe asumir decisiones, sino también rectificar a la vista de la opinión pública. Trece días después, el próximo Director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, explicaba que “…el gobierno federal requiere del área de comunicación en cada secretaría. No van a desaparecer, habrá una reducción de personal… el gobierno del presidente electo busca generar ahorros de al menos 20 mil millones de pesos, pues se plantea un recorte del 50 por ciento en gastos de publicidad gubernamental”.
El exdirector general del periódico mensual Regeneración, órgano de divulgación ideológica del comité ejecutivo nacional de Morena, sostuvo que el cálculo de 20 mil millones de pesos ahorrados, se basa en el informe anual de la organización Artículo 19, que difunde el gasto de la presidencia en publicidad gubernamental.
En entrevista publicada en el diario La Razón, del tres de septiembre del 2018, asienta que el informe de Artículo 19 “…habla de gastos por 40 mil millones de pesos en los seis años gobernados por Peña…hay otros informes que señalan que el gasto fue de 60 mil millones de pesos”.
López Obrador no habló con ligereza ni se puso contra las cuerdas al definir la nueva relación del cuestionado binomio Estado-Prensa. El servidor público que iniciara con su campaña la cuarta transformación en la vida de México, no pretendía suprimir o centralizar el trabajo de las oficinas de prensa, sino en ordenar la elaboración y distribución de boletines, comunicados, entrevistas y opiniones, para evitar la duplicidad de funciones, contradicciones en contenidos y confusión en el lector. No se trata de remitir a medios impresos, radiales, televisivos y de internet, cinco boletines diarios con diversos criterios de servidores públicos sobre un mismo tema. Se busca acercar la información institucional al mayor número posible de habitantes.
En cuanto a la distribución de la publicidad oficial, reiteró Jesús Ramírez Cuevas durante la entrevista concedida a la Organización Editorial Mexicana (OEM), que tomarán en cuenta en los procesos de asignación el tiraje en medios impresos y el número de visitas en los electrónicos. La opinión de López Obrador y el criterio de Ramírez Cuevas coinciden en un punto: someter a revisión la Ley General de Comunicación Social, publicada el viernes once de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para entrar en vigor el primero de enero del 2019.
El documento elaborado por el presidente Enrique Peña Nieto y luego aprobado por el Congreso de la Unión, busca regular la contratación de la propaganda oficial y “…cumplir con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y respeto a los topes presupuestales…”.
El hombre que ganara la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos con 30 millones de votos en el proceso electoral del primero de julio del 2018, entiende que “…todo ejercicio de poder necesita del contrapeso de la crítica…”.
La ley emitida por Peña Nieto tiene que ser revisada a fondo por la cantidad de observaciones, codenas y señalamientos, expresados por asociaciones de comunicadores, periodistas y defensores de los derechos humanos no solo del país, sino del ámbito mundial académico.
Contacto: carlos.lucioacosta@rocketmail.com
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