EDITORIAL

El tema de la corrupción genera escozor en todos los estratos de la sociedad mexicana y ocupa un lugar prioritario en la agenda social; es lamentable que a escasos días de la fecha límite para la instalación de los sistemas locales anticorrupción no haya señales precisas de su implementación, lo que es indicativo de que los mandatos legales no son observados y los llamados, tanto de instancias federales como ciudadanas, no pasan de ser pregones en el desierto.

Los escarceos protagonizados por los partidos políticos teniendo como escenario al Senado de la República y como materia, la designación del fiscal anticorrupción en el ámbito nacional, representa un duro golpe a la credibilidad frente a un ciudadano escéptico, que sospecha que la voluntad política para instituir un sistema nacional anticorrupción eficaz, es inexistente, insuficiente y, cuando no, simulada. Lo anterior parece confirmarse con el hecho de que los coordinadores de los senadores del PAN y del PRD, sin ningún asomo de rubor, declaran públicamente que el nombramiento del fiscal anticorrupción no se dará en la fecha que el propio Senado estableció, con lo que se emite un mensaje muy negativo y contrario a los afanes ciudadanos que vienen librando una intensa lucha para prevenir y combatir al flagelo de la corrupción y pareciera entonces que la agenda legislativa se supedita a los intereses electorales de las fuerzas políticas.

Mientras tanto, de manera cotidiana, unos y otros, independientemente de la corriente ideológica a que pertenezcan, se lanzan acusaciones mutuas de ser corruptos, en una práctica de feroz canibalismo, propiciando que en el imaginario colectivo prevalezca la idea de que la corrupción es privativa de los políticos o de quienes tienen responsabilidades en la función pública, cuando no es así; pues prácticas corruptas también se dan en los ámbitos de la iniciativa privada.

Es innegable que se establece una relación de complicidad entre el que pide y el que acepta dar “el moche”, entre el que se deja corromper y el que corrompe; existe arrogancia en la persona que siente el poder de obviar trámite, de obtener trato diferenciado, de doblegar voluntades, así, entre las muchas secuelas de un acto de corrupción se encuentra la de discriminar a las personas que no tiene los medios para responder a las pretensiones inmorales de quien puede facilitar cosas por encima de la ley, como de igual modo las puede complicar.

Como resultado de la corrupción hay inocentes en las cárceles y criminales en las calles, obras que no cubren los estándares mínimos de calidad, muertos en hospitales, asentamientos humanos irregulares, personas que en el ejercicio de su profesión representa un peligro, etc.

Por cierto, el INEGI recién dio a conocer los resultados de la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental correspondiente al ejercicio 2016. Preocupante que Veracruz ocupa el nada honroso segundo lugar a nivel nacional. El primero corresponde a Tabasco y el tercero a la Ciudad de México. Así de grave.