Empleados
de empresas fantasma, la punta del iceberg
Jesús
J. Castañeda Nevárez
Esta
es la noticia que apareció en los medios de comunicación en los primeros días
de noviembre 2017 y que impactó a un grupo de trabajadores del sector salud de
Veracruz al descubrirse su relación laboral con varias empresas de las que
presuntamente recibieron pagos por nómina y que nunca llegaron a sus bolsillos,
pero que extrañamente sí figuraban en sus estados de cuenta bancaria.
Al
no representar afectaciones directas a su salario “normal”, los trabajadores no
hicieron ningún reclamo a la institución bancaria y sólo reaccionaron cuando la
autoridad hacendaria (SAT) les requirió la aclaración por su extraña relación
laboral en varias empresas, sin el debido cumplimiento del pago de los
impuestos correspondientes, más lo que se acumule en materia de multas y
recargos.
La
sorpresa de los trabajadores es que aparecen en la nómina de las que ahora
resultaron ser las empresas “fantasmas” que fueron utilizadas por funcionarios
de la pasada administración para cometer graves actos de corrupción y saqueo a
las finanzas públicas.
Pero
lo que llama la atención es que dichos pagos sucedieron durante el año en curso
y que pudieran representar la comisión de un delito actual que también pudiera
ser sólo la punta del iceberg de una práctica delictiva de graves consecuencias
para miles o millones de personas inocentes.
La
presunción de inocencia descansa en la posibilidad de que estos trabajadores
fueron víctimas del delito de ROBO DE IDENTIDAD el cual ha crecido
exponencialmente en el mundo, precisamente por el crecimiento de uso de la
tecnología en las actividades cotidianas de la sociedad moderna.
En
México se puso en mayor riesgo con la entrada de la Reforma Hacendaria que
determinó el uso de la tecnología como única vía para el cumplimiento de las
nuevas obligaciones fiscales: La Facturación electrónica, Nómina electrónica y
Contabilidad electrónica, prácticas modernas que representaron la incorporación
de una sociedad analfabeta tecnológica al riesgo de resultar víctimas de la
ciber delincuencia no sólo por su desconocimiento sino por su mismo desinterés.
En
el 2014, con la entrada en vigor de esas obligaciones fiscales dijimos los
riesgos que la sociedad mexicana correría y los impactos negativos que la
incorporación de la tecnología representaría para muchos sectores productivos,
pero no lo creyeron.
Con
el problema de los trabajadores del sector salud queda probado el hecho que en
su inicio sólo representaba un riesgo posible. Los demás riesgos que anunciamos
en el 2014 también se cumplieron y sólo falta uno.
El
minimizar el posible ROBO DE IDENTIDAD ha ocasionado que en el proceso de
Timbrado de la Nómina de los trabajadores de las dependencias de los tres
niveles de gobierno se haya optado por hacerlas sin el mínimo rigor de
exigencia en el tema de la SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, contratando despachos
sin experiencia tecnológica y/o empresas que prestan sus servicios en
plataformas web, lo que representa que TODA la información de los trabajadores
es puesta en manos externas y en sitios web con todo el riesgo de que dicha
información pueda ser sustraída por ciber delincuentes para hacer mal uso que
ella, poniendo en grave posibilidad de quebranto financiero a la víctima, incluyendo
la prisión por la posible defraudación fiscal que se ha tipificado por la
legislación como delito grave.
La
información personal hoy ya no es nuestra, porque “voluntariamente” la hemos
entregado a empresas que nos “regalan” el acceso a redes sociales (Facebook,
Whatsapp, Twitter, etc.) y que nos “piden permiso” para acceder a toda nuestra
información. Todos le damos “aceptar”.
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