miércoles, 22 de noviembre de 2017

Empleados de empresas fantasma, la punta del iceberg

Jesús J. Castañeda Nevárez

Esta es la noticia que apareció en los medios de comunicación en los primeros días de noviembre 2017 y que impactó a un grupo de trabajadores del sector salud de Veracruz al descubrirse su relación laboral con varias empresas de las que presuntamente recibieron pagos por nómina y que nunca llegaron a sus bolsillos, pero que extrañamente sí figuraban en sus estados de cuenta bancaria.


Al no representar afectaciones directas a su salario “normal”, los trabajadores no hicieron ningún reclamo a la institución bancaria y sólo reaccionaron cuando la autoridad hacendaria (SAT) les requirió la aclaración por su extraña relación laboral en varias empresas, sin el debido cumplimiento del pago de los impuestos correspondientes, más lo que se acumule en materia de multas y recargos.

La sorpresa de los trabajadores es que aparecen en la nómina de las que ahora resultaron ser las empresas “fantasmas” que fueron utilizadas por funcionarios de la pasada administración para cometer graves actos de corrupción y saqueo a las finanzas públicas.

Pero lo que llama la atención es que dichos pagos sucedieron durante el año en curso y que pudieran representar la comisión de un delito actual que también pudiera ser sólo la punta del iceberg de una práctica delictiva de graves consecuencias para miles o millones de personas inocentes.

La presunción de inocencia descansa en la posibilidad de que estos trabajadores fueron víctimas del delito de ROBO DE IDENTIDAD el cual ha crecido exponencialmente en el mundo, precisamente por el crecimiento de uso de la tecnología en las actividades cotidianas de la sociedad moderna.

En México se puso en mayor riesgo con la entrada de la Reforma Hacendaria que determinó el uso de la tecnología como única vía para el cumplimiento de las nuevas obligaciones fiscales: La Facturación electrónica, Nómina electrónica y Contabilidad electrónica, prácticas modernas que representaron la incorporación de una sociedad analfabeta tecnológica al riesgo de resultar víctimas de la ciber delincuencia no sólo por su desconocimiento sino por su mismo desinterés.

En el 2014, con la entrada en vigor de esas obligaciones fiscales dijimos los riesgos que la sociedad mexicana correría y los impactos negativos que la incorporación de la tecnología representaría para muchos sectores productivos, pero no lo creyeron.

Con el problema de los trabajadores del sector salud queda probado el hecho que en su inicio sólo representaba un riesgo posible. Los demás riesgos que anunciamos en el 2014 también se cumplieron y sólo falta uno.

El minimizar el posible ROBO DE IDENTIDAD ha ocasionado que en el proceso de Timbrado de la Nómina de los trabajadores de las dependencias de los tres niveles de gobierno se haya optado por hacerlas sin el mínimo rigor de exigencia en el tema de la SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, contratando despachos sin experiencia tecnológica y/o empresas que prestan sus servicios en plataformas web, lo que representa que TODA la información de los trabajadores es puesta en manos externas y en sitios web con todo el riesgo de que dicha información pueda ser sustraída por ciber delincuentes para hacer mal uso que ella, poniendo en grave posibilidad de quebranto financiero a la víctima, incluyendo la prisión por la posible defraudación fiscal que se ha tipificado por la legislación como delito grave.

La información personal hoy ya no es nuestra, porque “voluntariamente” la hemos entregado a empresas que nos “regalan” el acceso a redes sociales (Facebook, Whatsapp, Twitter, etc.) y que nos “piden permiso” para acceder a toda nuestra información. Todos le damos “aceptar”.

Pero realizar procesos formales como la Facturación Electrónica en los dispositivos móviles es exponer toda la información formal y oficial de nuestra empresa y nuestra persona, poniendo en riesgo todo nuestro patrimonio y aún nuestra libertad. No debemos minimizarlo.

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