Como represalia, el gobernador comenzó a utilizar las instituciones y al Fiscal General del Estado, donde dio una orden de iniciar una carpeta de investigación contra el empresario Alejandro Cossio Hernandez, por participar en la manifestación y reclamo de pago. Esta denuncia fue realizada por los “ciudadanos” Arturo Irán Suárez Villa y Miguel Ángel García Ramírez ambos abogados del gobierno de Yunes Linares.
La denuncia fue recibida inmediatamente por el Fiscal Segundo Adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, Guillermo E. Altamirano Bencomo, quien ya giró al menos una docena de órdenes de presentación en contra de Cossio Hernández y otros empresarios veracruzanos.
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