Los medios de comunicación consignan desde hace buen rato el nivel de inseguridad observada en los estados, municipios, congregaciones, fraccionamientos, unidades habitacionales, colonias y ejidos. La noticia, la entrevista, la crónica, el reportaje, la encuesta, el editorial, la columna, el artículo, el cuento, la novela, la película, la serie televisiva o la obra de teatro, detallan a la población sobre el crecimiento de la violencia desenfrenada.
En la zona urbana y en la región rural, se refleja el miedo de la impotencia, del abandono de los tres niveles de la administración pública. Los gobiernos federal, de los estados y municipios se hacen de la vista gorda. Y no es para menos si tomamos en consideración de que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se han registrado 64 mil 700 ejecuciones en diversos puntos del país. Un promedio de 33 asesinatos diarios. Y en lo que corresponde a la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, documentan 7 mil 300 ejecuciones, en promedio representan 20 pérdidas humanas cada 24 horas, en base a investigaciones de la Consultora Especializada en Temas de Seguridad (Lantia).
Los fatídicos sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, suman 230 mil asesinatos, 36 mil desapariciones y más de 100 mil víctimas de la violencia, que hacen un total de 70 homicidios diarios a lo largo y ancho de la república, de acuerdo a datos aportados por el periódico Regeneración, órgano de divulgación ideológica del comité ejecutivo nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en su edición número 24, correspondiente al mes de mayo del 2018, publicados en la página tres.
El inicio de los Foros por la Pacificación y Reconciliación Nacional promovidos por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, abre la puerta a la sociedad civil para presentar propuestas que contribuyan a la construcción de políticas en el arranque de la administración federal del primero de diciembre del 2018. La iniciativa es buena, pone el dedo en la llaga, en el punto de quiebre, del ya basta de esperanzas y es suficiente de promesas. Las instituciones de gobierno, los partidos políticos, los candidatos a cargos de elección popular o de responsabilidad administrativa, no cuentan con el ciento por ciento de la confianza comunitaria.
Y para muestra un botón es más que suficiente. La Fiscalía General del Estado (FGE), abrió mil 228 averiguaciones a igual número de policías dependientes de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), sobre presuntos delitos de abusa erótico, coacción, amenazas, desaparición forzada, homicidio culposo, fraude, extorsión, pederastia, privación de libertad en grado de tentativa, tortura, violencia de género, pornografía infantil, narcomenudeo, homicidio doloso y violencia en el ámbito familiar. Los uniformados recibieron cursos de capacitación en materia de derechos humanos y formación policial, y sólo en 18 de los mil 228 casos se ha ejercido la acción penal (El Heraldo de Xalapa, 3 de agosto del 2018, No. 2418, pág. 9). Organismos no gubernamentales del extranjero y nacionales, han documentado el tema con la realización de investigaciones que rebasan la línea delgada de la simple sospecha o del rumor sin sustento.
El reclamo permanente de grupos colectivos y defensores de los derechos humanos, consiste en conocer a los responsables directos o indirectos de las agresiones y desapariciones forzadas de la población civil. La Pacificación y Reconciliación Nacional es posible mediante el cumplimiento de las leyes emanadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la aplicación de la justicia al pie de la letra. No hay de otra.
carlos.lucioacosta@rocketmail.com
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