El león no es como lo pintan. El continuo manoseo de datos se presta a múltiples interpretaciones. La deuda del estado de Veracruz es uno de los casos más emblemáticos en materia de opacidad administrativa.
El desorden financiero empieza con Miguel Alemán Velasco (1998-2004) cuando le autoriza el congreso local una línea de crédito por 3 mil 505.4 millones de pesos, comprometiendo las participaciones federales durante los próximos treinta años, en base a cifras aportadas por la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Le sigue Fidel Herrera Beltrán (2004-2010) con deuda superior a los 25 mil millones de pesos, y luego Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) con más de 48 mil 183.5 millones de pesos.
En investigación elaborada por el coordinador general del Observatorio de las Finanzas Públicas, dependiente de la Universidad Veracruzana (UV), Hilario Barcelata Chávez, estima que la deuda ascendía a 115 millones de pesos hasta diciembre del 2015. En estudio realizado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), se apunta que en la deuda aceptada por instituciones financieras, bancarias, proveedores y contratistas, no incluyen a constructores, comerciantes, organismos autónomos y municipios.
El gobierno interino por 47 días de Flavino Ríos Alvarado, “no tuvo tiempo de montar en su caballo” porque “pistola en mano se le echaron de a montón”.
Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018) hereda deuda superior a 100 mil millones de pesos. Y después se ve forzado a solicitar dos líneas de créditos simples por 4 mil 400 millones de pesos a Banorte e Interacciones para cubrir la nómina de los trabajadores al servicio del gobierno del estado.
El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez (2018-2024) batió récord en cuanto a solicitud de préstamos bancarios, adelanto de participaciones y requerimientos de créditos y contratos, al disponer de 44 mil 588 millones 239 mil 650 pesos, que terminará de pagar en abril de 2040, de acuerdo al Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente, de la SHCP.
En resumen, se observa el siguiente panorama: préstamo bancario por 2 mil 500 millones de pesos en diciembre del 2018; adelanto de participaciones federales por 3 mil 65 millones 438 mil 695 pesos; solicitud de créditos por 19 mil 500 millones de pesos ante Banobras y Bancomer; dos créditos por mil millones de pesos cada uno ante Bancomer; crédito por dos mil 400 millones de pesos y contrato de nueve créditos simples por 17 mil 522 millones 800 mil 955 pesos en enero del 2020, los cuales terminarán de pagar en abril del 2040, de acuerdo al Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios Vigente, de la SHCP.
A pesar de que todas las líneas de crédito contaron con la autorización del pleno del Congreso local, es el momento de que el representante del Poder Ejecutivo de Veracruz, facturas en una mano y pólizas de cheque en la otra, explique el paradero de cada partida por obra y municipio. No es posible que en dos años de gobierno se resistan a poner en claro el destino de 44 mil 588 millones 239 mil 650 pesos. No es posible.
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