El próximo lunes inicia el ciclo escolar 2019-2020. Millones de niños y jóvenes mexicanos, algunos por primera vez, otros en un feliz retorno, acudirán a la escuela; hecho en sí mismo significativo si se considera que la educación es el camino cierto para alcanzar el desarrollo tanto en lo individual como en lo social. No es casualidad que las sociedades que cuentan con sistemas educativos exitosos son aquellas que han alcanzado los mayores avances de bienestar social.
La inmensa mayoría de estos alumnos acudirán a escuelas públicas, instituidas bajo gobiernos emanados de un partido político hoy denostado y que se debate en una profunda crisis, pero quienes militamos en él, estamos convencidos de que resurgirá para bien de la democracia, de la diversidad y de los necesarios contrapesos.
Conforme al texto constitucional, la educación que el estado imparte es obligatoria, gratuita y laica. Acorde a estos principios, los libros de texto en el nivel básico se otorgan sin costo alguno, no como una concesión graciosa sino como obligación legal. Durante muchos periodos de gobierno ha sido así, por eso llama la atención que hoy se exponga como un gran logro que pese a los retrasos en la Secretaría de Hacienda, los libros de texto se distribuirán oportunamente. Nada de extraordinario, ni novedoso tiene este hecho, implica simple y sencillamente el cumplimiento de un deber, de una obligación que emana de la propia constitución.
Quienes hemos trabajado como docentes o directivos en escuelas públicas de educación básica, sabemos de sus enormes carencias, ante las cuales los maestros desarrollan habilidades de gestoría y se las ingenian para darles funcionalidad y es muy común que las asociaciones o comités de padres de familia, no los maestros, acuerden en asambleas la aportación de cuotas utilizadas para el mantenimiento de las instalaciones físicas de la escuela, que en su inmensa mayoría no reciben ningún apoyo oficial para tal fin.
Sorprenden, por decir lo menos, las voces que emanan de la nueva mayoría legislativa, que con inusitado alarde adelantan que propondrán una iniciativa que prohíba las cuotas escolares y lo hacen con tal vehemencia como si hubiesen hecho un gran descubrimiento, cuando en el fondo se trata de un tema que proscribe la propia constitución general de la república. Basta con conocerla y cumplirla.
En otro tenor, es pregunta a los interesados: ¿conocen un “documento de trabajo” denominado “Ley General del sistema para la carrera de las maestras y los maestros”? porque salvo el artículo 40 de la ley en cita y que a la letra dice: “los resultados de la evaluación diagnóstica, en ningún caso tendrá efecto sobre la permanencia en la plaza de las maestras y los maestros”, deja intactos aspectos de la reforma implementada en el sexenio anterior y que fueron motivo de gran inconformidad.
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