La invasión a la zona denominada “Sierra Alta” en Coatepec, por parte de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) ha requerido que el Ayuntamiento, que preside Enrique Fernández Peredo, fije su posicionamiento al expresar a SEDATU las graves afectaciones generadas a predios propiedad municipal y a otros que son propiedad privada.
Debido a la autorización de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), para realizar trabajos de medición y deslinde del predio, presuntamente propiedad de la nación, denominado “Sierra Alta”, con una superficie aproximada de 2,000-00-00 hectáreas, ubicado en el municipio de Coatepec, el H. Ayuntamiento manifiesta ante la instancia Federal su oposición por las posibles afectaciones de los predios: La Cortadura, Cruz de Duela y La Granada, situados en dicha región
En un comunicado, el Ayuntamiento aclara que es en apego a los procedimientos indicados por la misma SEDATU, pues se están realizando acciones para llevarlas a la categoría de Reserva Ecológica Municipal. Asimismo, dio a conocer que, ante esta situación, se procedió a la constitución de un comité de participación ciudadana que agrupa a diversos propietarios de esa zona, para trabajar de manera conjunta y cumplir con los procesos que deben realizar en defensa de sus derechos ante la instancia Federal. Dicha área es de vital importancia por su valor ecológico, que representa la riqueza de nuestros bosques, con especies endémicas únicas y que es la principal fuente de abastecimiento de agua para el municipio y zonas aledañas.
El Ayuntamiento condena los actos ilícitos que se pudieran presentar por grupos de personas que pretendan invadir dichos espacios, en espera de que las autoridades Estatales y Federales emitan sus respectivas resoluciones a favor de la protección y preservación del medio ambiente de esta zona.
Por su parte, Ari Sebastían Brickman, Zara Ashley Snapp Hartman, José Luis Carrión Van Rijn y Jessica Anne Gottfried Hesketh, aseguran que son los legítimos propietarios de parte de las áreas invadidas y han presentado documentación, mientras que los invasores solo han presentado solicitudes sin respuesta. Aclararon que los terrenos no son nacionales, sino de una propiedad privada.
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