El pasado 30 de junio, la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, publicó un acuerdo por el que se ordena el cierre de 29 juzgados de Poder Judicial del Estado de Veracruz presuntamente en atención a la escasa carga de trabajo registrada en la estadística judicial, el gasto público erogado en los mismos y la existencia de otros juzgados que pueden absorber las cargas procesales de los juzgados que cierran.
Bajo la justificación de lograr la optimización de los recursos humanos, materiales y financieros de cara a la implementación de la reforma laboral con la llegada de los Juzgados Laborales Orales.
Esto ha generado mucha molestia a los abogados litigantes y sobre todo a aquellos (justiciables) que tienen la necesidad de atender un tema en los juzgados que ya cerraron y que tendrán que padecer más lentitud de lo que la acostumbrada burocracia y corrupción presentaban. Y peor, tener que desplazarse hasta donde se hayan reubicado los expedientes.
Organizaciones de abogados hablan de diversos problemas como posibles pérdidas de expedientes, rezago en casos, así como un incremento en gastos para las personas por traslados a los lugares donde se reubicaron sus casos; son algunas de las consecuencias que trae consigo el cierre de juzgados microregionales.
Fueron 29 juzgados los que fueron cerrados por orden de la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia quien calificó como “innecesarios” la creación de los juzgados microregionales, lo cual parece incongruente, pues se trata de facilitar la aplicación de la justicia para que sea pronta y expedita.
El quitar juzgados de la zona para justificar un presupuesto que ya había sido autorizado por los juzgados laborales es ilógico y contrario a derecho porque la formación de otras instalaciones es para el avance y no para quitar a otras que no les beneficia dentro del presupuesto.
El objetivo de la creación de los juzgados microregionales era la de acercar la justicia a aquellos municipios en donde estaban alejados, sobre todo en zonas serranas en donde en su mayoría son personas de escasos recursos.
Los litigantes han expresado su molestia en ruedas de prensa y en escritos, donde afirman que se ha jugado con complacencia con las leyes, pues no hay control en cuanto a las decisiones del Gobierno del Estado y del Tribunal que son para la complacencia de ellos únicamente, perjudicando a la aplicación de la ley.
En Veracruz los juzgados de lo familiar fueron una meta que tardó muchos años en concretarse y que ahora con su desaparición es un retroceso en la impartición de justicia. A ello se agrega que los juzgados microregionales habían ampliado el espectro de justicia, pero con el pretexto de una reingeniería para ahorrar recursos, ahora habrá un grave retroceso.
Por su parte, los abogados despedidos no tienen derecho a juicio, no tienen derecho a reclamar su situación como trabajadores.
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