El pasado jueves 15 de julio inició la difusión de la consulta popular que se realizará el domingo 1 de agosto, la cual le corresponde al INE.
Sin tratar de descalificar ese ejercicio democrático, es cierto que existen opiniones encontradas sobre la realización de esta consulta nacional, que pone en el voto ciudadano, la aplicación o no, de la ley contra expresidentes.
La pretensión del presidente de la República era realizar una consulta para determinar si habría que llevar a juicio a los expresidentes, comenzando con Carlos Salinas y terminando con Enrique Peña. En el texto propuesto venían con nombre y apellido. Además, la pretensión era que se realizara junto con la jornada electoral del pasado 6 de junio, pretendidamente, para reducir su costo. No fue así.
El Congreso de mayoría 4T permitió que una redacción de la pregunta flagrantemente inconstitucional fuera aprobada. Sin embargo fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por su evidente inconstitucionalidad pues no se puede poner a consulta popular la aplicación de la ley. No obstante, la campaña pública que está realizando Morena apunta expresamente a que se trata del juicio a los expresidentes. Es decir se está convocando a la ciudadanía a una consulta falsa, pues esa no es la pregunta que aparece en las papeletas.
La Suprema Corte cambió el texto de la pregunta a una frase ininteligible que de acuerdo a la interpretación del ministro presidente, Arturo Zaldívar, más que a un juicio, apunta a la conformación de una especie de Comisión de la Verdad.
De acuerdo al texto constitucional, para que sea vinculante la consulta, es decir para que sea obligatorio que se realicen acciones que se deriven del resultado, se requiere una participación del 40 por ciento de la lista nominal de electores, lo que hoy representa poco más de 37 millones de personas. Ni en los escenarios más optimistas de Morena hay la posibilidad de acercarse siquiera a esa cifra.
Aún los partidarios de la 4T hablan de una participación de 15 millones de personas, pero en realidad parece mucho más realista el pensar en una cifra que podría estar entre 6 a 8 millones. Sin embargo, no sería sorpresa que fuera menor la cifra.
Desde ese domingo 1 de agosto, por la noche, tendremos un dato bastante preciso del resultado de la consulta así como del nivel de participación en virtud del conteo rápido que ha previsto el INE, que es quien organiza el proceso.
La obsolescencia de esa consulta, habrá de demostrarla el mismo ciudadano pensante, con su participación o su indiferencia, pues no es difícil entender que se trata, a decir de expertos, de un mero distractor, cuyo objetivo será sacar toda la rentabilidad política que sea posible. Sin olvidar el alto costo que asciende a los 528 millones de pesos y que será realizada en el pico más alto de la tercera ola de la pandemia, en la que se conmina a la ciudadanía, por decreto gubernamental, a cumplir con las restricciones sanitarias, debido al alto índice de contagios.
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