Conforme se acerca la fecha de inicio del ciclo escolar, programado para el próximo lunes 30 de agosto, se notan también las posiciones encontradas respecto a la asistencia presencial o a la virtualidad de las clases.
El presidente Andrés Manuel López Obrador establece que no es obligatoria la carta compromiso que inicialmente emitió la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los padres de familia asumieran los riesgos de mandar a sus hijos a las escuelas. Requisito “voluntario” que permitiría que cada familia determinara si se acoge a la enseñanza en las aulas o a distancia.
Sea en los modos presencial o a distancia, el ciclo escolar 2021-2022 será muy importante en el esfuerzo colectivo por retomar la educación de calidad, con pertinencia y seguridad sanitaria, y también, si fuera posible, llevarla a las condiciones de normalidad como antes de la pandemia de coronavirus.
Independientemente del modelo que se utilice, urge concentrar todas las energías en gestionar el único pasaporte que puede llevar a circunstancias de recuperación gradual en lo social y lo económico: la educación. Partiendo de la premisa de recobrar oportunidades de bienestar, atender los efectos psicoemocionales y encarrilar la salud pública hacia mejor atención, cobertura y respuesta eficaz.
La clave sigue estando en convencer a los padres de familia a través de reforzar la confianza en las instituciones y autoridades. El deterioro de esa confianza en lo que hace y propone el gobierno, ocurrió debido al manejo errático de la pandemia traducido en manipuleo estadístico, lenta disponibilidad de vacunas, crisis en hospitales, ocultamiento de datos y desabasto de medicinas.
Lo principal y persistente a la fecha es que el semáforo endémico sigue ajustándose más con criterios políticos que científicos. Es decir, el fundamento está en que el aparato público garantice condiciones adecuadas y asuma las responsabilidades que por ley le corresponden.
En el caso de los maestros, el Estado está obligado a brindarles condiciones adecuadas de protección sanitaria. Muchos sectores en igual situación de riesgo y vulnerabilidad, son los casos del personal médico, trabajadores de actividades esenciales y voluntarios de las jornadas de vacunación, que corren mayores riesgos y están firmes en la primera línea de combate a la COVID-19.
En lo concerniente a la educación, por supuesto que el reto se presenta mayúsculo: llegó el momento de intentar la restauración del aprendizaje presencial yendo paso a paso, calculando y eliminando las zonas de peligro. La seguridad de los niños es lo primordial. La decisión de enviarlos a clases presenciales, es de los padres.
Una nota al margen, publicada el 4 de agosto de 2020. Saque usted sus propias conclusiones: El gobierno federal pagará 15 pesos por cada menor inscrito en el ciclo escolar 2020-2021 a las cuatro televisoras privadas que transmitirán el contenido educativo para los 30 millones de estudiantes de educación básica, es decir alrededor de 450 millones de pesos.
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