El Día de la Marina se asocia a la celebración a la Marina de guerra, pero lo cierto es que la fecha fue instituida por el Presidente, general Manuel Ávila Camacho en 1942, para homenajear a todas las personas que realizan alguna actividad en el mar, como los marinos mercantes, pescadores, prestadores de servicios turísticos y quienes realizan la extracción de petróleo en el mar. Fue elegido el 1 de junio por que ese día de 1917 zarpó del puerto de Veracruz, por primera vez un buque mercante mexicano, el vapor “Tabasco”, con el total de la tripulación integrada por mexicanos de nacimiento. El Día de la Marina, se empezó a conmemorar como tal hasta 1942. Durante la celebración se realiza un homenaje a las tripulaciones de los buques tanques mexicanos “Potrero del Llano” y “Faja de Oro”, que fueron torpedeados y hundidos por submarinos alemanes el 13 y 20 de mayo de 1942, durante la Segunda Guerra Mundial.
La Marina siempre ha mantenido un prestigio de honor y gallardía, integrada por oficiales con gran preparación, muchos de ellos egresados de la Heroica Escuela Naval “Antón Lizardo” del municipio de Alvarado. Es por ello que causa gran inquietud que el pasado lunes, el Diario Oficial de la Federación, publicó que la Presidencia de la República dispone que la Fuerza Armada realice tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional durante 5 años. Así, las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) complementarán la función de la Guardia Nacional, y esta última “desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”, lo cual no puede exceder los 5 años contados a partir de la entrada en vigor del decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el DOF el 26 de marzo de 2019, por lo que vigencia será hasta el 27 de marzo de 2024.
El decreto faculta a los integrantes del Ejército y la Marina para participar en labores de prevención del delito, salvaguarda de la integridad de las personas y su patrimonio, realizar detenciones y colaborar con autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección, todo ello de manera subordinada a la Guardia Nacional. Así se pretende que se entienda, no obstante para otros suspicaces se trata de la militarización del país.
En diversas ocasiones se ha señalado que la participación de los elementos castrenses en este tipo de tareas resulta contrario a sus atribuciones constitucionales y representa una amenaza a los derechos humanos debido a la naturaleza misma de las funciones para las cuales se les entrena y capacita. Cuestionamientos que Ejército y Marina han recibido por parte de organismos de derechos humanos, académicos, expertos en seguridad y otros actores sociales cuando participan en labores ajenas a las que les dan razón de ser: la defensa de la integridad territorial, la independencia y la soberanía del país.
El gobierno federal le debe a la sociedad una explicación transparente de las razones que le llevaron a tomar esta decisión que parece regresiva en materia de su propia estrategia de seguridad y de la demanda que el actual Presidente defendió no pocas veces en el sentido de regresar al Ejército a los cuarteles.
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