En México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población. El volumen de agua renovable promedio en el país per cápita es de 4,028 metros cúbicos por habitante por año. Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre el Sureste y el Norte del territorio; se observan áreas con gran escasez de agua y regiones con frecuentes eventos hidrometeorológicos que significan costosas inundaciones y afectación de asentamientos humanos e infraestructura.
En la zona centro–norte del país se concentra 27 % de la población, se genera 79% del PIB y se cuenta con sólo 32% del agua renovable; en cambio, en la zona sur donde existe el 68% del agua el país, se asienta sólo 23% de la población y se genera 21% del PIB.
La mala calidad del agua superficial limita su aprovechamiento, en términos de DBO (demanda biológica de oxígeno): 22.7% del agua superficial se encuentra contaminada o fuertemente contaminada; 33.2% del agua superficial tiene calidad aceptable y el 44.1% del agua superficial observa calidad buena y excelente.
La cobertura nacional de agua potable es 91.6 %. En zonas urbanas la cobertura es 95.4 %. En zonas rurales (localidades menores a 2, 500 habitantes), la cobertura es 78.8% debido a la dispersión de la población en condiciones fisiográficas complejas, y la dificultad técnica y/o financiera de desarrollar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
La cobertura nacional de alcantarillado es de 90.2 %. En zonas urbanas la cobertura es 96.4 %. En zonas rurales, la cobertura es 69.4%.
Si bien oficialmente 92.0% de la población tiene acceso al servicio público de agua potable, dicho porcentaje disminuye dramáticamente cuando se considera su calidad. El 78% del agua se utiliza para fines agropecuarios. La eficiencia de conducción y distribución es de 86% y 76%, respectivamente. El sector agropecuario genera 62% de las aguas residuales (cargas orgánicas, plaguicidas y fertilizantes, entre otros contaminantes).
El agua para usos agropecuarios es virtualmente gratuita, no paga derechos por el uso del recurso y además recibe un alto subsidio en el costo de la energía para los casos en los que se utilizan aguas subterráneas, lo cual promueve la ineficiencia y la sobreexplotación. De los 653 acuíferos, 106 se encuentran sobreexplotados, especialmente en zonas de interfase agrícola y urbana, lo que plantea un horizonte previsible de agotamiento y la contaminación por minerales naturales que significan graves problemas de salud pública (por ejemplo, arsénico).
La mayoría de los organismos operadores de sistemas de agua para servicio público son ineficientes y opacos; funcionan con criterios políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios, y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y transparentes de gobierno.
En las ciudades se desperdicia alrededor de 40% del agua, por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias. Sólo 47.5% de las aguas residuales colectadas recibe tratamiento, y sólo un porcentaje mucho más bajo (difícil de precisar por la falta de monitoreo y vigilancia) cumple con las normas de calidad de las descargas.
Las tarifas de servicio público son fijadas políticamente por los congresos y, con frecuencia, no son suficientes para asegurar la autosuficiencia de los organismos operadores, además de que algunos se manipulan con fines político-clientelares.
Constitucionalmente, los municipios tienen las facultades de ofrecer el servicio público de agua y de tratar las aguas residuales. Con este justificativo la Federación ha descuidado responsabilidades de regulación sobre los organismos operadores municipales. En el mejor de los casos, la regulación está a cargo de los gobiernos estatales.
Los organismos de cuenca tienen atribuciones amplias, pero no la autonomía que requieren. Los consejos de cuenca son órganos consultivos solamente. La selección de los representantes recibe críticas frecuentes. La estructura de Conagua no asegura la colaboración entre las áreas centrales y los organismos de cuenca. Las concesiones de agua se otorgan con criterios poco claros para los usuarios que las solicitan. La normatividad es obsoleta y relativamente laxa en materia de descargas de aguas residuales.
Es de señalar la ausencia de una regulación y vigilancia eficaces de descargas de aguas residuales, así como la impunidad y falta de cumplimiento de la normatividad.
La autoridad no condiciona ni vincula el suministro primario con el cumplimiento de obligaciones de tratamiento y descarga de aguas residuales. Hay una gran vulnerabilidad a eventos hidro-meteorológicos extraordinarios, por regulación inadecuada del territorio a escala municipal, y por corrupción en la aplicación de los Programas de Desarrollo Urbanos.
No existe un sistema de monitoreo en tiempo real, ni de información pública creíble sobre el desempeño de los organismos operadores municipales, ni sobre la calidad de cuerpos de agua, descargas de aguas residuales, concesiones y disponibilidades.
Está ausente en la población una suficiente cultura de pago por los servicios de agua, de uso responsable, de calidad ambiental, y de exigencia a los gobiernos municipales por un servicio de calidad.
Fuente: SEMARNAT/CONAGUA 2011
pedro.maldonado@fomento-ccuenca.org
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