lunes, 6 de enero de 2020

Columna 33 Por Carlos Lucio Acosta



El juego de AMLO.-

Los dados ruedan sobre el tapete. Ya no hay mucho por investigar o someter al análisis. El jefe del ejecutivo federal cuenta con la información suficiente y necesaria para tomar decisiones puntuales.

No es el momento de dudas y sospechas, sino de certeza y cambios de carrete, porque el tiempo corre. Si en los primeros días o semanas de enero del 2020, no aplica reajustes en diez de las secretarías del gobierno del estado, cuando menos, significa cambios de última hora. Lo cual se traduce en que los funcionarios de alto nivel no serán asesorados – no destituidos – por enviados especiales del jefe del ejecutivo federal, sino que continuarán en el cargo haciendo de las suyas con el visto bueno del gobernador y aparente tolerancia presidencial.

Esto no es anuncio de tormenta tropical en gota de agua, sino el resultado de la protesta social expresada con marchas callejeras, bloqueos de avenidas, plantones en plazas públicas y consignas verbales o escritas en contra de acciones tomadas por los tres niveles de la administración municipal, estatal o federal.

Las instituciones más cuestionadas por la sociedad civil son las secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública, de Salud, de Finanzas y Planeación, de Infraestructura y Obras Públicas, Educación de Veracruz, del Medio Ambiente, de Desarrollo Social, de Protección Civil y la Fiscalía General del Estado.

Y los señalamientos están a la vista: desempleo, migración, violencia, asaltos, robos, secuestros, extorsión, pago de piso, asesinato, desapariciones forzadas, feminicidios, cuerpos humanos destazados, inseguridad, falta de transparencia en compras diversas, dudoso subejercicio de las dependencias del gobierno, falta de obra pública, impunidad, nepotismo, retención de pagos al sector empresarial, industrial, comercial y proveedores de servicios. También el despido ilegal de burócratas, falta de capacidad de los miembros del gabinete, crímenes de periodistas y comunicadores en el ejercicio de su trabajo informativo, incumplimiento en las recomendaciones emitidas por las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, falta de oficio político y desconocimiento en el quehacer administrativo, asalto a trenes cargueros y robo a autotransportes carreteros de mercancías.

Y como si esto fuese poco, constantes violaciones a las constituciones políticas de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Libre y Soberano de Veracruz, aumento de grupos armados de autodefensa en diversos municipios, ausencia de poder, desvío de recursos financieros, peculado, corrupción corporativa y lo más preocupante de todo el menú, el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones federales, estatales y municipales.

Y la molestia civil se manifiesta por medio de las cámaras empresariales, sindicatos independientes, asociaciones religiosas, partidos políticos, legisladores de oposición, organizaciones no gubernamentales, defensores de los derechos humanos, asociaciones civiles, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y medios de comunicación impresos, radiales, televisivos y de internet.

Es cierto lo que dice el gobernador, la incidencia delictiva desciende en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), pero en base a la página roja de la prensa escrita y de la digital, aumenta cada 24 horas.

Mientras el presidente decide qué acciones implementar en el Caso Veracruz, continuaremos con la lectura de cartulinas con mensajes del crimen organizado, observar cuerpos con visibles huellas de tortura y el tiro de gracia, sujetos armados a bordo de motocicletas y disparos a quemarropa.

carlos.lucioacosta@rocketmail.com

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