EDITORIAL

El pasado viernes 10 de enero sucedió un evento en una escuela de Torreón que ha sacudido la conciencia de los mexicanos, sobre todo de los padres de familia. Un estudiante de apenas 11 años de edad, de una escuela privada, disparó contra varios, mató a una maestra y se suicidó. Los detalles del hecho han sido abundados por todos los medios de comunicación.

No se trata de llegar a conclusiones sesudas que ni una comisión de expertos lograría, por lo complejo de cada caso. Pero si es importante tomar este hecho como una muestra de la decadencia de valores en las familias y de la descomposición social. Mucho se ha mencionado sobre el papel que juega la televisión y el internet al difundir, sin ningún control gubernamental, toda una apología de la violencia, de la muy trillada ‘diversidad sexual’ y de ponderar a los narcos y al crimen organizado.

Se puede especular sobre los motivos que llevaron a este niño a cometer tan atroz agresión. Que si respondió a un reto en redes sociales, que si fue influenciado por un videojuego, que si su padre es un delincuente, que si su madre murió en condiciones raras o que si su abuelo tenía armas. Aquí lo importante es que se deben analizar los factores personales y contextuales de la violencia social e institucional, para tener un panorama más certero sobre lo que pudo llevar al niño a ese nivel de violencia. Este hecho da muestra de los vacíos institucionales existentes para identificar alertas tempranas sobre posibles riesgos para niñas, niños y adolescentes. Más aún, el sistema educativo nacional continúa sin desarrollar una respuesta articulada para explicar y acompañar a sus estudiantes en los escenarios de crimen organizado con altos niveles de violencia.

Cierto que es un caso excepcional en México, pero enciende los focos rojos. Cierto que los juegos de video, algunos con contenido demasiado violento, son consumidos por millones de niños y adolescentes. Pero no todos balean a sus maestros o compañeros de escuela. Por otra parte, hay opiniones encontradas sobre el programa Mochila Segura, pues se dice que además de violatorio de los derechos constitucionales de los estudiantes, es un mecanismo poco eficiente para enfrentar un problema que se presenta con muy baja frecuencia. Al tratar a todos los niños y adolescentes como presuntos criminales, se rompen los vínculos de confianza entre autoridades escolares, maestros, padres de familia y estudiantes, haciendo más difícil la detección temprana de casos realmente problemáticos.

Existe el acoso escolar o bullying. Detener esas formas de violencia es una tarea urgente para fortalecer los vínculos entre escuela y padres de familia. En ese contexto, detectar a tiempo casos problemáticos como el del niño de Torreón se vuelve demasiado complejo. Esto es un recordatorio urgente para atender problemas de salud mental, tanto en menores de edad como en adultos.

En resumen, el caso de Torreón es un hecho excepcional. No va a haber muchos más casos similares. Sin embargo, podría servir de catalizador para enfrentar de mejor manera los problemas de violencia familiar y escolar. Es una sacudida a los padres de familia para estar más pendientes de lo que hacen los hijos, pero sobre todo de revisarles, no la mochila, sino lo que piensan, sienten y sufren.