¡AHORA es el CAMBIO! - Por: Juan Carlos Atzin Calderón

“Veracruz no tiene tradición minera, ni queremos tenerla, porque tenemos mucha tradición de defensa al territorio y al ambiente”

-Juan Carlos Atzin Calderón

Veracruz tiene como principales actividades económicas la agricultura, la ganadería, silvicultura y pesca, además, una riqueza que lo coloca como el tercer estado más importante en biodiversidad del país, situación que se ve altamente amenazada por las grandes empresas sin compromiso socio-ambiental. 

En días pasados “Candelaria Mining Corp” vía su consultor Julio Portales, anunció un nuevo intento de embestida al pueblo veracruzano, retomando los trabajos de exploración y buscando dar el paso a la explotación de oro en el proyecto conocido como “La Paila” o “Caballo Blanco”, localizado en un cerro de 600 metros de altura aproximadamente, en la Localidad de “Palma Sola”, municipio de Alto Lucero, Veracruz, en 361.58 hectáreas aproximadamente de nuestro territorio, lo cual me obliga ahora a tomar un posicionamiento serio y responsable, así como exhortar a la resistencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la ciudadanía en general, en el escenario de corrupción, de una Ley Minera controvertida, a modo y violatoria de los Derechos Humanos. 

Desde los años ochenta, las empresas mineras siguieron una estrategia de relocalización de la inversión, hacia países con menores costos y controles ambientales así como normas jurídicas más laxas, ofrecimiento dado por los gobiernos neoliberales en cuanto a la seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones en este ramo, entre los que destacan beneficios fiscales, comerciales, laxos controles ambientales, procedimientos fáciles y expeditos para desarrollo de emprendimientos mineros, expansión posible con el desarrollo de nuevas técnicas como las de tajo a cielo abierto, tumbe o relleno, haciendo así rentable la explotación para las grandes empresas extranjeras, teniendo como consecuencia una nueva minería altamente contaminante que destruye en poco años cerros completos, contamina el aire con productos de lixiviado con cianuro y las fuentes de agua con metales pesados provenientes de los desechos, además de ser una actividad determinante en el agotamiento de fuentes hídricas, altamente consumidora del vital líquido, que genera además desintegración productiva, destrucción de la coherencia local de los territorios, al transformar actividades productivas, contaminando agua, destruyendo selvas y erosionando la tierra.

Para el caso de México, la Ley que regula esta materia es la Ley Minera, publicada el 26 de junio de 1992, además con la última reforma del 2014, misma que no generó condiciones de observancia de nuestra reforma del 2011 en materia de Derechos Humanos, teniendo la necesidad de que exista apego a los Tratados Internacionales en esta materia, en busca de que se respete el derecho al territorio, a la libre determinación de los pueblos, a la alimentación y al agua; derechos vulnerados en el artículo 6 de la Ley referida donde se le da a la actividad minera carácter preferente y de utilidad pública, dejando de lado los derechos consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los contenidos en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En Veracruz, el Gobierno del Estado, vía la Secretaria de Medio Ambiente, ha fijado un posicionamiento claro en contra de la minería tóxica, situación que para el caso de este gobierno de coalición, no me parece extraño, ya que desde el 2013 el Partido de la Revolución Democrática (PRD), mediante sus asesores contribuyó a la propuesta de una nueva Ley Minera impulsada por Organizaciones de la Sociedad Civil, misma que ponía por delante los Derechos Humanos sobre los intereses económicos, exponiendo la necesidad de contar con licencia social, desplazando la preferencia de la actividad, buscando participación vinculante de la población, consulta, descartando concesiones por técnicas de tajo a cielo abierto, sin utilización de cianuro, mercurio y otros contaminantes, así como siendo rigurosos en la inspección; misma que no logró consumarse hasta ahora. 

Veo necesario que desde las Organizaciones de la Sociedad Civil, los gobiernos y la ciudadanía, seamos firmes en pedir la observancia de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, especialmente en su capítulo II, relativo al aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos, además apego estricto a la NOM 120, NOM 155. Sumado a que se generen las condiciones para que Veracruz pueda tener su Ley Estatal que prohíba la minería tóxica.

Hagamos realidad la protección ambiental. ¡AHORA es el CAMBIO!

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