En los recientes cinco años dejaron de circular diversos medios de comunicación en la ciudad capital del Estado de Veracruz. El cierre de 82 publicaciones locales, entre periódicos y revistas, obedece a cuestiones de estricto carácter político y económico, motivado por el descenso en la contratación de publicidad, circulación deficiente, caída de suscriptores, disminución en la venta de ejemplares en espacios abiertos o cerrados, reducción en el número de lectores habituales y tirajes mínimos.
Las empresas editoras alentaron su presencia en la versión de internet, previendo problemas de tipo financiero y laboral a la mitad del gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2013), preso en el Reclusorio Preventivo Norte, acusado por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y probable participación en el homicidio y ocultamiento de trece cadáveres.
La falta de competitividad en el mercado, uniformidad en el manejo de contenidos y limitado soporte social, hicieron crisis en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares (2016-2018), con la clausura de oficinas de prensa institucionales, el congelar pagos publicitarios contraídos por los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa y Fidel Herrera Beltrán, y suspender la contratación de propaganda oficial a medios impresos, radiales, televisivos y de internet. En sólo cinco años desaparecieron del mapa periodístico local 82 medios, de 18 publicaciones de circulación diaria dejaron el mercado once: Capital, Crónica de Xalapa, El Portal, Marcha, Oye Veracruz, Diario de la Tarde, ¡Ya Basta!, Mundo de Xalapa, Política, Foro Fiscal y Tribuna.
En base a datos preliminares de la Unión de Expendedores y Voceadores de Publicaciones de la Región de Xalapa, cerraron once diarios, ocho semanarios, seis decenales, nueve quincenales, once mensuales, doce bimestrales, diez trimestrales y quince de periodicidad irregular. La reducción progresiva de la publicidad iniciada en la administración de Duarte de Ochoa en junio de 2013, llegó a su mínima expresión en el gobierno de Yunes Linares, en julio de 2018. La oficina coordinadora de Comunicación Social del gobierno de Veracruz, explicó que los ajustes económicos seguían patrones investigados sobre el tiraje de medios impresos y el número de visitas de los de internet. Los convenios verbales o escritos con órganos de difusión con presencia nacional o local no desaparecieron, sino que los asignaron a espacios dúctiles, moldeables, flexibles, dóciles, sumisos y controlables.
Actualmente solo circulan siete publicaciones de periodicidad diaria, las cuales se han visto ante la imperiosa necesidad de reducir el número de páginas, suprimir el manejo de suplementos, congelar el precio al público del ejemplar cotidiano, conservar el costo de la suscripción y mantener las viejas tarifas de la publicidad política, comercial, de sociales y del aviso de oportunidades. El Diario de Xalapa, Esto Veracruz, Gráfico de Xalapa, AZ, Seis en punto noticias, La Jornada Veracruz y El Heraldo de Xalapa, han tenido que liquidar personal técnico, administrativo y de redacción ante la falta de ingresos por conceptos publicitarios.
La política de comunicación social ejercida durante dos años por el gobernador Yunes Linares, puso en el desempleo a numerosos reporteros, redactores, columnistas, correctores, articulistas, colaboradores, fotógrafos, camarógrafos, capturistas, cartonistas y también a jefes departamentales. La reducción de recursos financieros en el área de publicidad, ¿aportó nuevas experiencias administrativas en el manejo de la imagen institucional del gobierno de Veracruz?
La respuesta nos la da la periodista Naldy Rodríguez en su columna “Transparencia 3.0/Opacidad en publicidad duartista”, publicada en la edición del 25 de agosto del 2018, en el diario matutino El Heraldo de Xalapa”. Apunta la minuciosa investigadora que “En la cuenta pública del 2016, el ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior) señaló que desde la Coordinación de Comunicación Social se desviaron dos mil millones de pesos y casi la mitad sería a empresas fantasmas…”. Más adelante del texto periodístico, subraya que “En noviembre del 2017, Elías Assad le declaró al corresponsal de Proceso que el ex gobernante “agasajó” con 13 mil millones de pesos a empresas periodísticas y que algunas nacionales eran sus consentidas”. Y concluye la comunicadora, “Lo raro es que esos nombres ni algunos otros que era del conocimiento público que tenían convenio con gobierno, no aparecen ahora en las 2 mil 140 copias simples entregadas y que representan contratos con cerca de 150 medios de comunicación establecidos entre 2015 y 2016”.
Los datos y señalamientos expuestos por la columnista se deben a la solicitud de contratos de publicidad oficial del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, dirigida al cuestionado Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). El tema despierta dudas y levanta sospechas, ¿Por qué la negativa de cubrir facturas a medios de comunicación locales? ¿Por qué el cierre de oficinas de comunicación social?¿Por qué ocultar información sobre el gasto de publicidad en el sexenio pasado?¿A quién beneficia o a quién perjudica la difusión y destino de recursos procedentes del erario público? Aquí no solo hay gato encerrado, sino más bien un león demasiado melenudo. Esperemos.
carlos.lucioacosta@rocketmail.com
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