EDITORIAL

 

Esta semana, además de su visita a Veracruz que aún no se acaba de entender el propósito, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la bancada de Morena y sus aliados, vuelve a generar polémica con sus decisiones. Esta vez al pretender desaparecer 109 fideicomisos y fondos públicos.

 

Entre ellos el Fondo Minero, el de Inversión y Estímulos al Cine, 32 fideicomisos de Ciencia y Tecnología, el Fondo Metropolitano, el Fondo para la Atención de Emergencias, el de la Financiera Rural y el de deportistas de alto rendimiento. Además del Fondo de Salud, que administra INSABI. En suma, se pretende que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recupere y maneje al menos 98 mil millones de pesos. También desaparecen el fideicomisos para proteger a periodistas; para atender desastres naturales (FONDEN), apoyar a la agricultura y la minería, dar financiamiento a MiPyMes y emprendedores, entre otros.

 

Resulta por demás preocupante la ligereza con que se pretende destruir uno de los principales mecanismos de financiamiento a la investigación científica en México. Aunque el discurso del partido gobernante indique lo contrario, la realidad es que los fideicomisos son necesarios y su administración es legal, transparente y fiscalizable. Con el falaz argumento de “desaparecer gastos innecesarios, eliminar la opacidad y generar ahorros”, intentan eliminarlos de un plumazo.

 

Veamos: un fideicomiso es una figura de derecho civil por medio de la cual una persona (física o moral) transfiere la titularidad de una parte de sus bienes o derechos a una institución fiduciaria. Con ellos se puede realizar una serie de fines lícitos y determinados, mismos que la persona fideicomitente señala en el contrato respectivo.  Se trata de contratos entre la administración pública y una institución financiera. Puede ser dinero de la Federación, recursos autogenerados y fondos provenientes de organizaciones internacionales y fundaciones privadas.

 

Aunque la administración actual considera que los fideicomisos facilitan la corrupción, la discrecionalidad y la falta de transparencia, lo cierto es que se trata de fondos fiscalizables por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la Secretaría de Función Pública (SFP) y  se rigen por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley General de Transparencia y otras.

 

Pareciera que los costos de la pésima política de desarrollo económico y gestión de las finanzas públicas, se quieren cargar a instituciones que no tienen ninguna culpa. Pues no hay ninguna demanda de corrupción en ningún fideicomiso de todos los que existen en este momento. El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), institución obligada a recibir las referencias de la administración de los fideicomisos, no reporta demanda alguna.

 

Esta cuestionada medida, que ya se aprobó, en lo general, en la Cámara de Diputados, significa un paso más en la escalada destructiva de las instituciones y la continuación del despilfarro de los ahorros que viene realizado el Presidente.