El tema siempre queda atorado en la fragilidad del criterio religioso y no con la dureza del peso jurídico. Mucho se ha hablado y escrito sobre la aplicación de la pena de muerte como recurso de contención, primero; y después, para disminuir el aumento de la delincuencia en múltiples estados y en el país.
Los tres niveles de la administración pública en materia de seguridad se han anotado más derrotas que triunfos en su lucha cotidiana contra los barones del narcotráfico y sus derivados. En breve recorrido por hemerotecas, bibliotecas y archivos privados, encontraremos la presentación, debate y conclusiones, expuestas por periodistas, comunicadores, escritores, investigadores, académicos, intelectuales y expertos altamente calificados en la materia, tanto del extranjero como del país.
En encuesta de The Gallup Organization, con sede en Washington, D.C., levantada en las capitales de las naciones que forman América del Norte en los primeros meses del 2000, demostró que el 66 por ciento de las entrevistas apoyan la pena de muerte y el 27 por ciento restante lo repudian. En otra encuesta realizada por la American Broadcasting Company (ABC News), en las mismas ciudades, recolectó apoyo del 65 por ciento de las personas entrevistadas en julio del 2006.
En los formatos establecieron los delitos merecedores de la sentencia de muerte y luego definir la modalidad de la misma. En el catálogo de los delitos capitales incluyeron asesinato, parricidio, traición, espionaje, sabotaje, secuestro, robo con resultados de muerte, violación, uso ilegal de armas de fuego, ataques terrestres a instalaciones petroleras, tráfico de drogas, corrupción de funcionarios y violaciones de mujeres y niños. En cuanto al tipo de ejecuciones la balanza norteamericana se inclinó por el fusilamiento, ahorcamiento, silla eléctrica, cámara de gas e inyección letal. Se puede pensar que parte de la población radicada en ciudades de Vancouver, Washington y la Ciudad de México, pertenecen al rubro de las mentes con proclividad a la muerte, pero en la realidad dominante no es así.
En dos de las obras monumentales de la religiosidad mundial, las definiciones a favor de la pena de muerte coinciden con el resultado de las dos anteriores encuestas. La Torá, libro fundamental del judaísmo, aprueba la pena de muerte para el homicidio, el secuestro, la magia, crímenes sexuales, adulterio, homosexualismo, incesto, zoofilia y otras acciones practicadas por el ser humano. La Biblia, libro fundamental del catolicismo, acepta la pena capital en varios pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo en Apocalípsis 13:10, dice “Si alguno mata a espada, a espada debe morir”, en Levítico, se lee “…el hombre que hiera de muerte a cualquier persona morirá irremisiblemente…” y en Éxodo 21:23-25, advierte “Pero si ocurre un daño mayor, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, quemaduras por quemaduras, herida por herida, golpe por golpe”.
En el derecho azteca se aplicaba la pena de muerte con el descuartizamiento, decapitación, lapidación, garrote y horca. El primer Código Penal del México independiente promulgado en el estado de Veracruz en 1835, establecía al condenado el ser “pasado por las armas o le sería dado garrote”. El Código de Derecho Canónico, mejor conocido como la Constitución Política de El Vaticano, establece en el Canon 1395, que el clérigo que cometa un delito sexual con un menor de edad, sea este por medio de violencia o amenazas, debe ser castigado con penas justas que pueden incluir la expulsión del estado clerical.
Nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio en menores de edad. Alrededor de 4 millones 500 mil mexicanos han sido víctimas de esta cadena de delitos, de acuerdo a estimaciones de organismos internacionales vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Amplios sectores de la sociedad veracruzana y también del país, se pronunciarían a favor del retorno de la pena de muerte por los elevados niveles de inseguridad e impunidad registrados en el inicio y la continuación de la llamada Guerra contra el Narcotráfico, alentada por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ex militante del PAN) y sostenida por la administración de Enrique Peña Nieto, activista del Partido Revolucionario Institucional.
Estadísticas serias elaboradas por organismos oficiales, confirman que el 98 por ciento de los delitos cometidos y denunciados en tiempo y forma, quedan impunes por efecto de la corrupción e incapacidad de las fuerzas policiales. Pasan trienios y llegan sexenios de diversos colores encendidos y lemas quemantes, sin conocer los resultados de las investigaciones abiertas sobre asesinatos, desaparecidos y secuestros. Los datos más recientes apuntan en dirección a la herencia macabra de “…más de 250 mil asesinatos y más de 30 mil desapariciones forzadas en los últimos diez años”. Desde esta perspectiva, ¿es necesaria o no la pena de muerte?
carlos.lucioacosta@rocketmail.com
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
