No es producto de la casualidad, ni del accidente, menos del mandato divino. Todo encaja en la premeditación, alevosía, ventaja y en el tiránico abuso de poder.
Un mes antes de la llegada del Coronavirus, en diciembre del 2019, el gobierno federal y sus aliados en el Congreso, redujeron a tres mil 434 millones de pesos los gastos destinados a medicinas y material médico, a derechohabientes del ISSSTE, IMSS, SS e INSABI. Y tres meses más tarde enero, febrero y marzo del 2020, redujeron 91 mil 128 millones de pesos al desarrollo social y económico, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
Las siete partidas del gasto ajustadas, corresponden a medicinas, productos farmacéuticos, materiales, accesorios médicos, de laboratorio, instalación, reparación, mantenimiento, arrendamiento de instrumental médico y de laboratorio. Siete meses después, en los últimos días de octubre del 2020, la presidencia de la república entrega al Congreso la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, en la cual plantea el “uso discrecional” de 33 mil millones de pesos procedentes del Fondo de Salud para el Bienestar, el cual cubre más de 66 enfermedades.
La suma de los 91 mil 128 millones, más 33 mil millones y tres mil 434 millones, hacen un total de 127 mil 558 millones de pesos, desviados del sector salud.
A una distancia de más de diez meses ni el representante del poder Ejecutivo federal ni el titular de la Secretaría de Salud, han explicado el porqué de los recortes y ajustes al presupuesto cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS), organismo dependiente de la ONU, advirtió en tiempo y forma sobre el arribo del Coronavirus al país.
En investigación realizada por la coordinadora de Estudios Económicos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C., en base a datos de Transparencia Presupuestaria, se pregunta a qué ramo canalizaron los 127 mil 558 millones de pesos, aprobados inicialmente para la compra de medicinas y material clínico. Es evidente que el constante desvío de recursos financieros no es para contrarrestar los avances del coronavirus, debido a que la curva de víctimas infectadas, sospechosas, fallecidas, negativas, estudiadas y recuperadas, aumenta, mientras la disponibilidad de ocupación hospitalaria de camas, desciende.
La letalidad y la mortalidad están a la orden del día, sostiene estudio elaborado por la Universidad de Johns Hopkins, de Maryland, (Usa). El futuro de la vida, de la salud y de la medicina institucional no pinta nada bien a los sectores más vulnerables del país y del estado.
El retiro de apoyos a grupos débiles, desde el punto de vista económico y social, representa el más claro y transparente ejercicio de genocidio político. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, senadores, diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y legisladores de partidos aliados, ponen en juego no solo el presente sino también el futuro de varios millones de mexicanos.
¿Cuántas mujeres embarazadas, bebés, niños, adolescentes, adultos, ancianos, enfermos y sanos, requiere el proyecto criminal del tabasqueño? ¿Quién puede detener el avance de esta máquina infernal concebida para reducir el número de habitantes con métodos demenciales? ¿¡Quién…!?
GRACIAS POR LOS QUE VOTARON POR EL PEJETE LADRADOR, NOS PUSIERON UN GOBIERNO CUENTA CHILES.
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